Cinco acusados que se niegan a declarar. Diez días de audiencias y presentación de pruebas y luego el veredicto que podría poner fin judicial a uno de los casos más sonados en los últimos años en la comuna de Ovalle.
La mañana de este lunes se dio inicio a la audiencia de juicio y presentación de los alegatos iniciales en el proceso que se sigue contra cinco imputados por el homicidio de dos jóvenes adolescentes ocurrido en febrero del año pasado en un pasaje de la población Los Naranjos en la parte alta de Ovalle.
En la primera jornada del juicio (causa rol 1-2021), el tribunal –integrado por los magistrados Claudia Molina Contador (presidenta), Claudio Weishaupt Milner (redactor) y Karina Hernández Muñoz– leyó la acusación fiscal que sindica a los cinco acusados, en distintos grados, como autores de los ilícitos, para luego dar paso a los alegatos de apertura de las partes.
La acusación que realiza la fiscalía, se divide en dos partes, pero se centrará en el “Hecho N° 2” que da cuenta del homicidio de los jóvenes estudiantes. Así en la presentación de los alegatos el Fiscal Herbert Rodhe, aseguró que F.J.A.S., F.A.S.M., E.B.M.M., L.A.G.P. y C.A.P.V; serían los autores con distintos grados de participación de los delitos consumados de daños y homicidio calificado de los dos menores de edad, de 15 y 16 años respectivamente.
Los delitos atribuidos a los imputados serían de “daños en el hecho N°1 y dos delitos de homicidio calificado con respecto al hecho N° 2”, aunque tendrían una leve relación entre ellos. El primero porque dispararon contra un vehículo, y el segundo porque habrían usado la misma arma para asesinar a la pareja.
“Los jóvenes fueron ejecutados por parte de los acusados con circunstancia de alevosía y premeditación conocida. Cuesta encontrar un desprecio por la vida de parte de los acusados, vamos a establecer que se trata a las víctimas como ‘perros’ esas son las expresiones que utilizan los acusados para referirse a ellos en las pruebas que vamos a incorporar. Lo digo por las circunstancias en que son emboscados y asesinados estos jóvenes”, expresó.
Aseguró que van a incorporar prueba testimonial básicamente de unos testigos presenciales de los hechos, más no la participación en general.
“Hay dificultad de prueba que desde ya lo indico al tribunal, en el sentido de que hay varios testigos que han tenido algunos inconvenientes desde que ocurrieron los hechos, y que manifestaron temor de concurrir a declarar al juicio, lo que es más que entendible, después de ver los hechos”, señaló el persecutor.
Adelantó que la motivación del asesinato sería el ajuste de cuentas, toda vez que la muerte de un amigo de los implicados gatillaría una persecución contra el joven, a quienes los imputados habrían señalado como el responsable de la muerte del sujeto, quien sería el testigo de un crimen ocurrido en 2019.
“Vamos a presentar las escuchas telefónicas, comunicaciones de whatsapp de los implicados, dando cuenta de la muerte de los jóvenes. Vamos a hacer presente que los acusados formaban parte de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas con la utilización de armas de fuego”, destacó el fiscal.
En tanto la querellante, Pilar Medina, representante de la Defensoría de la Niñez, adelantó que podrán probar la participación de los sujetos en los delitos de homicidio de los dos menores de edad.
“Creemos que con las pruebas que se rendirán en el juicio (escuchas telefónicas, declaración de testigos) se acreditará que los acusados, por una situación de venganza, por el ataque a un miembro de la banda a la que pertenecían, se concertaron para cometer este ataque”, apuntó Medina.
Declaración Ilegal
Por su parte el abogado Juan Carlos Silva Muñoz, representante de dos de los imputados cuestionó la calificación jurídica que se hizo del asesinato.
“Creemos que bajo ninguna perspectiva el Ministerio Público a través de la prueba podrá acreditar que estamos en presencia de un homicidio de tipo calificado. No va a existir prueba de cargo que pueda determinar que efectivamente existió circunstancia de alevosía, ni mucho menos que existieron circunstancias previas que permitan acreditar la premeditación”, señaló el jurista entre otros puntos, para pedir la absolución de sus representados.
Agregó que las pruebas habrían sido obtenidas de maneras no apegadas a la legalidad, obtenidas cuando por una detención por robo en La Serena, sus defendidos al ser detenidos y llevados a la Brigada de Robos de la PDI, ocurre un “un acto curioso, que sería una declaración absolutamente ilegal”, prestando una declaración autoincriminatoria. Destacó que ésta y sus consecuencias no podrían utilizarse en este proceso.
Los abogados defensores de los otros imputados destacaron que las teorías de la fiscalía sólo pretenden “confundir, con pruebas que jurídicamente no tienen asidero”. Aseguraron que no hay armas o vehículos incautados por el hecho, que puedan acreditar a participación de los imputados en el crimen.
La audiencia continuará este martes con la presentación de los primeros testigos, peritos y demás medios de prueba por parte del ente persecutor. Luego, será el turno de los querellantes y las defensas. El proceso debería extenderse por cerca de diez días.
Justicia para Monserrat
Desde tempranas horas de la mañana familiares de los jóvenes solicitaban en el frontis del tribunal “Justicia para Monserrat y Francesco”, consigna que han reiterado en cada uno de los pasos del largo proceso judicial.
Aunque las madres de los jóvenes asesinados tuvieron acceso a la jornada de alegatos y al juicio, señalaron su molestia por la tardía respuesta y porque no podrán estar de manera presencial en las audiencias, sino siempre de manera telemática.
