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El crimen de la joven de 19 años que fue baleada en un servicentro de la capital limarina, y quien había aportado información a la PDI y la Fiscalía sobre tres homicidios ocurridos en el Gran Concepción perpetrados por esa organización, generó preocupación entre algunos parlamentarios, pues, además de confirmar la presencia del crimen organizado en la zona, advirtieron que este hecho representa un fuerte golpe contra el programa de protección de testigos, el cual, aseguraron, es necesario fortalecer.

El pasado sábado 16 de marzo una venezolana de 19 años de edad fue asesinada en un servicentro céntrico de la ciudad de Ovalle, cuando junto a un hombre cargada combustible. En ese momento, un sujeto salió desde los arbustos y efectuó disparos contra la joven, provocando su muerte. 

Desde ese momento, Fiscalía y PDI inició la investigación del suceso, para dar con la identidad y el paradero del homicida, quien hasta la fecha seguiría sin ser arrestado. 

No obstante, un reportaje de BBCL sacó a la luz un nuevo antecedente del caso, y es que la joven sería una “testigo clave” en tres homicidios ocurridos en el Gran Concepción, los que además estarían vinculados con el Tren de Aragua. 

 

ANÁLISIS PROFESIONAL 

 

De esta manera, se evidencia la presencia del crimen organizado en la Provincia del Limarí y la Región de Coquimbo, lo que es visto con preocupación por Jorge Tobar, general de Carabineros en retiro que se desempeñó como jefe de la IV Zona de Coquimbo, y quien además ostenta un Magíster en Criminología.

“Cualquier homicidio asociado al crimen organizado es preocupante. En principio siempre es una tragedia, y luego cuando se sabe el contexto genera mayor preocupación. Este lamentable hecho describe mucho cómo el crimen organizado resuelve los conflictos al interior de su organización”, comenzó declarando el experto en el tema.

En esa línea, señala que esta clase de crímenes están a la baja en la Región de Coquimbo, ya que según el observatorio de homicidios registró 69 casos en 2022, mientras en 2023 se registraron 52 casos, lo que significa que hay 6 homicidios cada 100 mil habitantes. 

No obstante, comenta que estas cifras pueden ser analizadas desde dos puntos de vista, “esto podría inferirse positivamente, en el sentido de que el gobierno y las policías están haciendo bien la investigación, para lograr menor impunidad y prevenir estos hechos; pero hay otra lectura que se puede hacer que no es muy alegre, y es que el crimen organizado una vez que domina un territorio y no tiene competencia, ya no necesita utilizar el homicidio como herramienta de trabajo, cuando ya tiene monopolizado el mercado ilegal, ya deja de cometer homicidios”, apuntó. 

De esta manera, Tobar señala algunas claves para combatir este fenómeno delictual, “hay un buen trabajo del gobierno, a través de las policías y a través de la política pública en contra del crimen organizado. De todas formas hay que seguir trabajando con lo que se está haciendo, pero también me parece muy importante que el plan regional de seguridad pública, dentro de los delitos prioritarios de este año posicione los homicidios, porque el año pasado el plan regional abordó el homicidio periféricamente, a través de otros delitos, lo que también es válido, pero me parece que si hay una tasa alta de homicidios (porque 6 casos sigue siendo alto en comparación a cinco o seis años atrás), es necesario enfrentar derechamente este delito, y no solo de manera periférica”, puntualizó. 

 

ALERTA DE PARLAMENTARIOS 

 

Por otro lado, parlamentarios de la Región de Coquimbo comentaron esta situación, manifestando su preocupación por estos hechos que han llegado a la zona. 

Así lo comienza declarando el senador Matías Walker, “me parece muy grave que el Tren de Aragua esté operando en nuestra región de esta manera. Es un gran desafío para la Fiscalía regional y también para la unidad contra el crimen organizado del Ministerio Público, y es muy importante que se ejerzan todas las atribuciones que tienen la fiscalía y la policía, de acuerdo a la nueva ley que combate el crimen organizado y el narcotráfico. También es muy importante que no se den a conocer públicamente las técnicas de investigación, y en eso todos tenemos que colaborar”, apuntó. 

Quien también dio su opinión fue el diputado Juan Manuel Fuenzalida, quien fue crítico de las gestiones realizadas por el actual gobierno, “el gobierno nunca ha entendido que hoy día tenemos una pandemia que se llama crimen organizado, ha tratado el tema cómo si se tratarán de delitos comunes, y no ha entendido que hoy día se enfrenta a organizaciones gigantescas que están operando a nivel nacional, se lo advertimos hace dos años, y hasta el día de hoy se ha hecho poco y nada. Ha sido la presión de la ciudadanía la que los ha obligado a enfrentar el tema, no solo en cómo combatirlo y los presupuestos, sino también en temas carcelarios”, indicó. 

Por su parte, el diputado Víctor Pino comenta los esfuerzos que han realizado desde su sector en la cámara baja, “es triste ver como las redes delictuales del Tren de Aragua se han extendido a todo el país y están llegando a nuestra región. Desde el poder legislativo hemos tratado de realizar gestiones en materia de seguridad, pero lamentablemente algunos parlamentarios oficialistas ponen trabas para que estas iniciativas avancen”, aseguró. 

 

PROTECCIÓN DE TESTIGOS  

 

Tras este hecho ocurrido en Ovalle, Pino también critica la deficiente protección de testigos, “esto marca un precedente para quienes están pensando en algún momento denunciar algún delito grave. Simplemente no van a querer hablar por miedo a represalias. Es vital que este programa pueda ser fortalecido y en colaboración con nuestras policías, realizar la debida protección a quienes se encuentran en calidad de testigos”, señaló. 

En esto coincidió la diputada Nathalie Castillo, “todas las personas tienen derecho a vivir en un espacio libre de violencia. No obstante a ello, la victima de este hecho delictivo fue actor clave de una investigación judicial llevada por el Ministerio Publico; sin embargo, en primera instancia se puede conocer que no se le otorgó los resguardos necesarios, por lo cual se hace necesario legislar en esta materia”, declaró. 

Para cerrar, su compañera de bancada, la diputada Carolina Tello, enfatizó en la importancia de fortalecer la prevención y la seguridad. 

“Este caso, que actualmente es parte de la investigación que está llevando adelante el ministerio público, demuestra la importancia que tiene el continuar avanzando en la agenda de seguridad que lleva adelante el gobierno para dotar de más herramientas a nuestras policías y también el ministerio público especialmente en labores especializadas. Esto y el avance de iniciativas como el Proyecto de Ley que dota de más herramientas para prevención y acción en seguridad pública a municipios son esenciales para una respuesta integral y procesos más acotados en las investigaciones y también una mejor articulación contra el delito son esenciales para avanzar en una respuesta integral del Estado contra el crimen organizado. Cuando hablamos de este tipo de delitos, hablamos también de la necesidad de un sistema de inteligencia que permita anticipar hechos terribles como los sucedidos en este caso, por eso proyectos como el que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado son esenciales”, concluyó. 

 

 

 

 

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