• Este martes no se concretó el desalojo
Crédito fotografía: 
El Ovallino
La acción penal será presentada por la empresa constructora contra el gobernador Darío Molina y el prefecto Christian Herrera. El representante de la Sociedad Inversiones Urbanas Río Limarí Limitada, Patricio Madariaga, indicó que la imposibilidad de ejecutar el desalojo se trató derechamente de una ilegalidad, “¿dónde está el Estado de Derecho?”, se cuestionó.

Este martes se había programado un segundo desalojo de la familia Araya a raíz de terrenos que están siendo reclamados por la Sociedad Inversiones Urbanas Río Limarí Limitada. Sin embargo, a último minuto aquello no ocurrió.

El representante de la constructora, Patricio Madariaga, criticó el fallido desalojo y atribuyó la responsabilidad directa  a autoridades presentes en el lugar de los hechos. “Jamás se suspendió, ni por parte del Primer Juzgado de Ovalle ni  menos de la Corte de Apelaciones de La Serena (…) Acuso directamente al coronel (Christian) Herrera de estar involucrado en este juego, junto con el gobernador (Darío Molina)”.

Los antecedentes de la jornada según la constructora

De acuerdo al relato de Madariaga, “antes de ayer (lunes) ya que estaba todo coordinado, el señor Herrera llamó a nuestro abogado y le dijo que tenía un informe de inteligencia que ellos estaban preparados e iba  a ser poco menos que una batalla campal, por lo que él sugería suspender el desalojo. Ante la presión nuestra y la insistencia dijo : ‘bueno, voy a ver lo que hago para reunir gente y después, contó, ‘lo hacemos de todas maneras’”.

El representante añade que a simple vista no se entendía la tardanza para ejecutarlo, “a las 9 de la mañana llegó Fuerzas Especiales de La Serena, no se empezó el procedimiento porque dijeron que estaban esperando el carro lanza-agua,  el cual ya estaba acá estacionado”.

Tras ello puntualiza que, “en la comisaría se produjo una reunión a puertas cerradas de las autoridades con representantes de la ONG de Derechos Humanos, pero no estaba el señor Herrera.  Pasado el mediodía salieron a hacer el operativo. Antes que llegara la receptora estaba el señor Herrera ahí en la zona dialogando con la gente. ¿Qué tenía que hacer él ahí? Si tiene gente a su mando, no se tendría que estar prestando para eso”.

Luego del arribo de la receptora,  denuncia que se trató de demorar aún más el proceso. “La abogada representante de la Gobernación le dijo a ella si podía esperar porque estaban esperando una orden de no innovar de la Corte. Era por eso que estaban demorando todo este proceso y eso no corresponde porque es un desacato”. 

Madariaga agrega que minutos después se informó que el recurso de no innovar había sido rechazado,por lo que sí o sí se debía llevar a cabo el desalojo. “Se perdió el oficial, transcurrió un rato y la receptora recibió un llamado del tribunal para llevar el expediente. Lo fue a entregar y cuando llega el oficial les dice ‘nos vamos, se suspendió’”.

Él afirma que finalmente nunca se ordenó el cese del lanzamiento. “El abogado de nosotros se reunió con la magistrada y ella le dijo,  ‘yo no he suspendido nada. Recibí aquí al señor Herrera, a la abogada de la Gobernación y al abogado de la ONG. Me dieron explicaciones, pero yo pedí el expediente para incorporar el escrito, pero no he suspendido nada’. ¿Quién se tomó la facultad de suspender el procedimiento?”, sentencia.
 

Pérdidas

El representante de la constructora cuenta que fueron cuantiosas las pérdidas económicas sufridas a raíz de los dos fallidos desalojos, “teníamos 30 personas, dos maquinarias pesadas y un  bulldozer. El operativo de ayer (martes) nos significó una pérdida de seis millones de pesos y en la anterior fueron cinco. Ahora veníamos más preparados porque nos dijeron que lo hiciéramos así”.

Pero, ¿cuál es la razón por la que se estaría obrando de esta forma contra el procedimiento?, él declara, “hay mano negra, del gobernador, de la intendenta, la que también está involucrada porque tiene presentado un recurso de protección que no corresponde”.

Querella 

Por la sucesión de eventos antes mencionada, es que la constructora ha decidido interponer una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Ovalle. “Va dirigida contra la Gobernación y contra el prefecto Herrera”, explica.

Al mismo tiempo expone que éste último no ha sido  particularmente consistente en sus declaraciones al respecto, “el martes ‘se tiraron la pelota’  porque en una reunión el prefecto les dijo a nuestros abogados que él, ‘suspendió’ y después dijo, ‘no, yo no  he suspendido’. ¿Cuál es la mano negra, quién suspendió, dónde está el Estado de Derecho? Esto es un desacato, es muy delicado (…) No es llegar y suspender algo, esto es una orden judicial”.

Futuro del desalojo

Madariaga dice que en términos de poder ejecutar el lanzamiento, el coronel le señaló que “no tenía contingente hasta después del 20 (de septiembre) por el tema del 11, por las fondas y el dieciocho, además que no tiene gente ni en La Serena ni en Coquimbo y tiene que pedir a Copiapó y Los Vilos. Eso es de una falsedad absoluta, ¿cómo Coquimbo no va a tener Fuerzas Especiales?”.

El representante de la constructora no oculta su indignación al aseverar   “que la opinión pública analice la situación y se dé cuenta cómo funciona este tema en Ovalle. ¿Van a tener los inversionistas ganas de venirse a trabajar acá sabiendo que después de ganar juicios el Estado de Derecho no funciona? Nosotros ya nos vamos de aquí, no queremos invertir un peso, pero seguiremos adelante con el desalojo.  Alguien va a tener que pagar el dinero que hemos perdido”. 

Contenido relacionado

- {{similar.created}}

No hay contenido relacionado

Cargando ...
X