• Se espera que este martes 8 de enero, finalmente tanto el municipio local como el concejo municipal puedan ser notificados del dictamen de Contraloría en el que se apunta al alcalde Claudio Rentería como responsable administrativo del déficit de casi 7 mil millones de pesos en los fondos de educación.
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Si bien se espera que este martes 8 de enero finalmente, tanto el municipio de Ovalle como el concejo municipal sean notificados del dictamen emitido por Contraloría respecto al déficit registrado en el Departamento de Educación Municipal, - y que incluso supondría llevar al alcalde al Tribunal Electoral Regional – aún no hay una postura clara sobre los posibles caminos que los concejales podrían tomar.

Complejo fue el mes de diciembre para el alcalde Claudio Rentería.

Y es que una fuerte polémica debió enfrentar por aquellos días el edil ovallino, quien a través de una resolución de Contraloría, fue notificado como responsable administrativo del déficit que se registra en el Departamento de Educación Municipal, monto que bordea los 7 mil millones de pesos, y que fue detectado por una auditoría realizada por el organismo contralor con fecha de diciembre de 2015.

Dicho informe daba por acreditada “la responsabilidad administrativa del jefe comunal en el déficit en el Departamento Municipal” por lo que el ente contralor solicitó la “aplicación de la Letra C del Artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades” lo que implica que, una vez que la Secretaría Municipal de a conocer al Concejo esta resolución, recién se podría decidir qué acciones seguir por parte de éste.

Y es que en un primer momento, bastante polvo se levantó en torno a este tema, pues en la oportunidad, se habló de que en el mismo concejo se podría votar para hacer llegar dicho documento al Tribunal Electoral Regional, instancia en el cual, Rentería podría arriesgar una eventual destitución de su cargo. No obstante, dicho proceso es en realidad, más complejo, tal como lo explican los propios concejales.

NO SE VOTA DESTITUCIÓN

El concejal Jonathan Acuña explica que el día martes 8, “es donde debería tocarse el tema para darlo a conocer a los concejales. La ley nos señala que debemos tomar conocimiento de ese dictamen. Pero muchos hablaban de que se iba a someter a una votación. Pero no es así” manifestó.

En ese sentido, la autoridad agrega que como cuerpo colegiado, se debe tener conocimiento del dictamen y en base a los antecedentes, a partir de un quorum mínimo de tres concejales –correspondiente a un tercio del concejo – se podría presentar una acción legal de tipo procedimental al Tribunal Electoral Regional.

“En ese sentido, contraloría nos está pidiendo a aplicar al artículo 60, Letra C de la Ley de Municipalidades. Y ahí, Contraloría es muy tajante: ellos concluyen que efectivamente existe un grado de responsabilidad por parte del alcalde (…) pero se ha tergiversado la información, porque muchos nos señalan como directos responsables de una posible destitución, lo cual nunca se ha configurado de esa forma, sino que dejamos en las manos del tribunal la decisión final. Nosotros solamente servimos como un puente para, en el fondo, acreditar ciertos antecedentes que Contraloría llevó mucho tiempo investigando”.

En esa línea, el concejal Carlos Ramos sostiene que “el tema de la responsabilidad administrativa del alcalde en ese déficit de 6 mil y tantos millones está acreditada. Pero el proceso de ahí en adelante es más complejo de lo que la gente cree. No va a haber ahí un ‘circo romano’ para destituirlo”. 

PROCESO JUDICIAL

En ese sentido, el concejal Ramos explica que en caso de llevar al alcalde al Tribunal Electoral, dicho proceso debe ser patrocinado por un abogado privado. Es decir, corresponde a un proceso totalmente distinto al llevado a cabo por Contraloría, en donde tanto los demandantes como el eventual demandado – en este caso, Claudio Rentería – deben acreditar con pruebas, sus acusaciones y defensa respectivamente.

Y obviamente, los resultados del juicio pueden ser variables.

“En este caso el tribunal realiza una investigación nueva, y el antecedente que aportarían los ‘querellantes’ por así decirlo, sería obviamente el documento elaborado por Contraloría. Pero aquí pueden darse diversas situaciones, por ejemplo, acreditar que el alcalde tiene responsabilidad, pero bajo numerosas variables. Por ejemplo,  se le puede condenar bajo la figura de notable abandono de deberes, hasta sólo recibir una multa. Son diferentes las penas que se pueden aplicar. Incluso, ellos pueden hasta ganar el juicio” señala Ramos.

Pero al costo que significaría llevar adelante un proceso aparte, hay que sumar además que dicho juicio podría durar un periodo no menor a 6 meses. “Y mientras esto sucede, puede llegar la siguiente elección municipal, en la cual, el alcalde, aunque esté bajo un proceso, puede postular a la reelección” señaló Ramos.

¿HABRÁ ‘AGUA EN LA PISCINA’?

No obstante, más allá de las características de un probable juicio en el Tribunal Electoral, la pregunta es si habrá concejales que, una vez notificados del dictamen de Contraloría, estén dispuestos a llevar al alcalde a dicha instancia.

Para el concejal Héctor Maluenda (Independiente RN), mientras no cuente con el dictamen sus manos “no puedo dar una opinión al respecto”.

No obstante, argumentó que su decisión “la tomaré en conciencia, sin mirar a un lado o al otro. Aquí los concejales que crean que esto corresponde mandarlo al tribunal electoral tendrán que pedir un patrocinio de un abogado e iniciar un nuevo juicio y presentar las pruebas, con todo lo que eso significa. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? No lo sé. Por eso debemos contar con todos los antecedentes para tomar una decisión”.

Por su parte, el concejal Nicolás Aguirre (RN) adhirió a la posición de su colega señalando que “estamos a la espera de que el documento llegue para poder pronunciarnos al respecto”.

Mientras, frente a las acusaciones que desde su partido y la UDI han realizado en contra de los partidos de oposición, señalando que esto sería “una maniobra política” para perjudicar a Rentería, Aguirre respondió que “probablemente. Yo también pienso lo mismo”. No obstante, matizó su opinión, señalando que “si el documento de la contraloría dice otra cosa, ahí tendríamos que cambiar la opinión. Pero por eso mismo, es súper necesario conocer cuál es el tipo de acusación que se le está haciendo al alcalde”.

Posición distinta tiene el concejal Jonathan Acuña quien señaló que “acá uno no puede hacer la vista gorda, o ponerse como obstáculo a un dictamen final de contraloría, porque acá se agotaron las instancias previas: existió una posibilidad de apelar a la contraloría regional que se hizo, que al final arrojo que faltaban antecedentes. Luego se envió a la contraloría general y también arrojó lo mismo”.

Por ello, rechazó que ante la eventualidad de llevar al alcalde al Tribunal Electoral, se esconda una maniobra política.

“Yo he conversado con otros concejales y me han dicho que van a estar por lo que diga contraloría. Van a acatar lo que contraloría está manifestando y van a dar la posibilidad al tribunal electoral para poder pronunciarse” agregó.

Por su parte, el concejal Carlos Ramos se manifestó a favor que el proceso siga adelante, aunque aclaró que “no está en nuestras manos que el alcalde se vaya o no, sino que nosotros tomamos conocimiento, entregamos al tribunal electoral algo que ya fue investigado, y en que se le pide que ellos hagan una investigación como corresponda. Esto no tiene nada que ver con un tema personal, este es un tema judicial” explicó.

Cabe reiterar que de momento, tanto el concejo municipal como el propio municipio ovallino aún no han sido notificados del dictamen de Contraloría, razón por la cual desde la entidad consistorial local declinaron referirse al tema. No obstante, todos los pronósticos apuntan a que este próximo 8 de enero, en la tradicional sesión del concejo de los martes, pueda finalmente darse a conocer el documento de Contraloría.

 

 

 

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