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Todos los procesados deberán ingresar al Regimiento Militar N°1 de Santiago tras ser notificados de su aprehensión.

El caso corresponde a las medidas tomadas por el ministro en Visita extraordinaria, Vicente Hormazábal, quien lleva las investigaciones por las torturas sufridas por 24 detenidos, por parte de Cheyre y otros tres ex uniformados.

Según lo investigado y concluido por el ministro, “al interior del Regimiento Militar se dispuso que la Sección II, que hasta antes del 11 de septiembre de 1973 era comandada por el capitán Polanco Gallardo, participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas correspondientes a los distintos detenidos. Esta sección, durante la ausencia de ese capitán -entre el 10 de septiembre y el 25 de noviembre del mismo año- funcionó, desde el 11 de septiembre de 1973, con personal clases (…), además de personal de reserva que se incorporó en los días siguientes, y la oficialidad que permaneció en el Regimiento, todos ellos al mando del comandante del Regimiento (Lapostol), en coordinación con su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa, quien, a decir de varios miembros del Regimiento y de la misma Sección II, quedó a cargo de esta y es sindicado por varios denunciantes como autor directo de los interrogatorios y torturas”, indica el documento emitido por el poder judicial.

El mismo escrito también señala que fueron más de 800 los presos políticos presentes en la cárcel de La Serena y que éstos, fueron sometidos a sesiones colectivas e individuales de tortura consistentes en golpes de puños, pies y culatazos, electricidad, y simulacros de fusilamiento, entre otros.

Tras estos antecedentes y la investigación realizada, se determina la participación de Cheyre en las torturas, por lo que se dicta su procesamiento, el que se suma a la condena que mantiene de 3 años y 1 día, por el delito de encubrimiento, de los ejecutados políticos, víctimas de la “Caravana de la Muerte” en su paso por la Región de Coquimbo.

El sentir de las víctimas

“Siento una gran satisfacción porque se está haciendo justicia”, son las primeras palabras que expresa Nicolás Barrantes, uno de los querellantes por el caso de torturas realizadas durante septiembre de 1973, hasta noviembre del mismo año, tiempo en que era estudiante del Liceo Politécnico de Ovalle.

Barrantes señala que en ese entonces tenía 17 años, llevaba una vida tranquila y que a partir de los conocimientos de su hermano Marcos, compartía su mirada “socialista”, sin pensar que esta visión sería la causante de la muerte de su hermano y su propia detención. Fue el 15 de octubre de 1973, cuando fue sacado desde su hogar y llevado a la comisaría de Ovalle, lugar donde fue dejado en un calabozo; posteriormente, es trasladado hasta el Regimiento Militar en La Serena, donde comienza a ser torturado con la finalidad de conocer información de su hermano, de armas y de los amigos de su hermano, que hasta ese momento se encontraba recluido en la cárcel de la ciudad.

Según narra, “el militar toma un pañuelo negro, lo enrolla y me lo pone en los ojos, los ojos están completamente tapados, pero en el ojo derecho se lograba traslucir y ver a quien me estaba interrogando y torturando”, afirma y señala que tras diez días detenido y sufriendo torturas, es ingresado a la cárcel, recinto donde estuvo por 45 días. “Lo único que se comentaba entre los presos políticos, era de “Cheyre”, hablaban de características de quienes los habían torturado”, confirmó Barrantes.

Pese a las consecuencias físicas como pérdida de audición y dolores en la espalda, así como el daño emocional, Nicolás Barrantes indica que no piensa en lo sucedido, pero que este nuevo proceso es una “ayuda” para quienes fueron detenidos durante 1973.




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