Agricultores insisten en que actividad sufrirá perjuicios por reforma a Código de Aguas

Hace unas días atrás, nuestro medio publicó una entrevista al senador DC, Jorge Pizarro, en donde el parlamentario defendía la reforma al Código de Aguas que en estos momentos se encuentra en discusión en las comisiones del Senado.  Por cierto, son públicamente conocidas las profundas divergencias que este tema he generado entre el Ejecutivo, quien lleva adelante la reforma, y numerosas organizaciones de regantes, no sólo de la región, sino de otras partes del país, quienes acusan que estos cambios están motivados por razones “ideológicos”. Es en ese contexto que desde las organizaciones de regantes del Limarí, como de otras agrupaciones, reaccionaron ante las opiniones vertidas en nuestro medio por el senador Pizarro.Es el caso de Pelayo Alonso, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, quien lamentó las palabras del legislador falangista, señalando que se siente sorprendido “por la seguridad del senador” al emitir sus declaraciones.  “Digo sorprende porque en la entrevista el senador manifiesta abiertamente que la nueva propuesta plantea al agua para consumo humano, como la primera prioridad, y luego plantea que la segunda prioridad sería el uso agrícola. Sin embargo al analizar en detalle la propuesta nos encontramos con una realidad muy distinta” comenta Alonso. El dirigente asegura al respecto que, en el articulo 5, inciso 4° “se plantea claramente que es de interés público primero el consumo humano y saneamiento, luego en segundo lugar la preservación ecosistémica. Luego la disponibilidad de las aguas, en seguida la sustentabilidad acuífera y luego y en general, ‘las acciones destinadas a equilibrar eficiencia y seguridad en los usos productivo’, entre los cuales se encuentra la agricultura y los demás rubros como minería, industria, etc. Qué distinto resulta lo que nos plantea nuestro senador”, señala Pelayo Alonso. Por otro lado, Alonso rechazó las palabras del senador, quien expresó en su oportunidad que los derechos de agua ya otorgados, seguirán siendo indefinidos y mantendrán su condición actual sin alteración alguna.  Alonso argumenta que, leyendo el cuerpo legal propuesto, “se establecen conceptos que vulneran los actuales derechos, como por ejemplo la incorporación de los caudales ecológicos, los cuales derechamente significarán disminuir el actual derecho de agua del agricultor en la misma proporción que se determine dicho caudal, todo esto bajo la modalidad de la confiscación o usurpación por parte del Estado, ya que no contempla indemnización alguna para el agricultor afectado”. El dirigente de esta agrupación insiste que con esto “se le pasa la cuenta al agricultor para que se haga cargo de los pasivos ambientales de las cuencas. Además con el agravante que deja en manos de terceros la determinación, cuantía y aplicación de dicho caudales, sin establecer ninguna regla o norma clara, todo al arbitrio y criterio de un funcionario”, explica.  INQUIETUD

Desde las organizaciones de regantes insistieron en mostrarse preocupados por la marcha de la reforma, y volvieron a emplazar al senador Jorge Pizarro. De hecho, desde la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta pusieron en duda que los derechos constituidos no sufrirían alteraciones, pues aseguraron que la reforma incluye una serie de artículos que, señalan, “de una u otra forma, ya sea para bien o para mal, modifican o alteran los derechos ya constituidos con anterioridad. Por ejemplo, la reforma señala que en tiempos de sequía ‘es la agrupación de usuarios la que determina su demarque de la Junta de Vigilancia, o de los turnos, en el caso de la asociación de canalistas’”. “Ahora, con estas modificaciones, en tiempos de sequía las agrupaciones de usuarios tendrán que informar a la DGA para que tome conocimiento y será esta la que resolverá sobre el tema, restándole la potestad que hasta ahora es propia de los regantes, afectando sus derechos. Entonces, ¿a quién le creemos?” expresaron desde la agrupación a través de un comunicado. Este planteamiento fue reafirmado por la presidenta de Junta de Vigilancia de Río Illapel, Marcela Jeneral, quien dice que “la verdad es que nosotros hemos conversado en reiteradas oportunidades con el senador Pizarro y me deja preocupada, ya que lo que más nos inquieta, precisamente, es que no queda claro que los derechos antiguos no se tocarán una vez que entre en vigencia la nueva Ley, dejando a una doble interpretación y eso es lo que queremos aclarar”.  RELACIÓN CON LAS SANITARIAS

Al mismo tiempo, la dirigente enfatizó que existe, a nivel general, un acuerdo respecto a que el agua debe tener como prioridad el consumo humano, así como la regularización de los APR que, para la dirigente, es lo mejor que contiene la reforma.  Ello señala, porque “las sanitarias lucran con el agua de los regantes y eso nos preocupa. Desde las sanitarias dicen que el proyecto es bueno, porque garantiza el consumo humano, pero los agricultores hemos demostrado que el consumo humano ya está garantizado a pesar de la compleja situación hídrica que ha afectado a nuestra región. Por ello es que nosotros afirmamos que utilizan nuestra agua para lucrar y no hacen las inversiones que se necesitan” afirma.  Desde una perspectiva crítica, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, arremete contra este punto de la reforma, reiterándose sorprendido “por la defensa y justificación que se hace, a que ante necesidades imperiosas de las empresas sanitarias, nuevamente el Estado podrá confiscar sin ninguna indemnización o compensación al agricultor, todo o parte de sus derechos de agua para ser traspasados a dichos servicios, quienes luego increíblemente podrán vender a la comunidad esta agua obtenida a título gratuito”.  Por lo mismo, el dirigente manifestó una serie de dudas respecto a la relación con las sanitarias. “¿A quién estamos asegurando su negocio y a quienes perjudicando con esta reforma, si no se contempla una indemnización justa al traspasar el agua? ¿Por qué no se les exigen las inversiones requeridas a las empresas sanitarias, antes de que se sirvan de las de los agricultores?” se pregunta. En ese sentido, Alonso se cuestiona si aún “mantenemos el discurso que los derechos existentes no serán afectados por esta reforma. ¿Todavía mantenemos el discurso que a los agricultores los motivan razones ideológicas para manifestar que esta no es una buena reforma?” concluyó.