El ex diputado y ex gobernador de la Provincia del Limarí, Darío Molina, anuncia que presentó una inédita reclamación ante el Gobierno Regional, para exigir un procedimiento invalidatorio conforme a la Ley 19.880 (bases de los procedimientos administrativos) que derive finalmente en la nulidad de los actos que validaron los pagos por $9.800 millones en la compra del terreno de San Ramón, en el que habría un sobreprecio de más de $5.000 millones. Esto sin la toma de razón previa de la Contraloría General de la República, lo que implica saltarse la Ley, Darío Molina señaló "la acción judicial permitirá reclamar a las sociedades vendedoras de los terrenos la devolución del dinero público mal pagado, pues la Contraloría General de la República nunca autorizó ese pago de dinero fiscal".
El ex legislador por la región también apunta a que otros organismos como el CORE debieran reaccionar en el mismo sentido, debido a que aprobaron de buena fe el proyecto que incluía la compra de los terrenos para compensar a la Municipalidad de La Serena por la cesión del terreno del nuevo hospital, por lo mismo, al enterarse la región a través del reportaje de Bío Bío, denominado Papaya Gate, sobre el pago de un sobreprecio por este terreno, debieran iniciar acciones para que esos dineros vuelvan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Por otra parte señaló, "al ver que han pasado varios meses de este bullado escándalo y el Gobierno Regional no ha reaccionado, he decidido como ciudadano iniciar este procedimiento legal de reclamación que anule está compra y como región, recuperemos estos dineros. Espero que en algún momento, el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de este procedimiento, dado que es evidente que hay un daño al patrimonio del Estado. He planteado que primero debiese realizarse un acercamiento con las sociedades vendedoras para solicitar, oficiosamente, la resciliación del contrato, esto es dejarlo sin efecto. De no ocurrir, debiera el consejo accionar judicialmente con el objeto de que un tribunal determine la anulación de la compraventa".
Darío Molina espera que en un corto plazo se pronuncie el Intendente en esta reclamación basada en el artículo 53 de la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos del Estado.
