• Danae Sayen Muñoz Pérez mantiene un daño neurológico irreversible y severo.
  • María Angélica Ahumada tenía 50 años y trabajaba en la feria mayorista de Ovalle.
  • En la imagen, la familia de Matías Muñoz y Fernanda Castillo, quienes fueron víctimas de negligencia en el Hospital de Ovalle el 2009.
Distintas razones, casos y demandas, pero al parecer casi todos llegan a la misma conclusión: los tribunales obligan al Servicio de Salud a pagar cuantiosas indemnizaciones a los afectados o a sus familiares.

Con el fallo del tribunal esta semana a favor de la familia del pequeño Matías Muñoz, en el que en primera instancia el Servicio de Salud deberá pagar una indemnización de 200 millones de pesos, se reabren en la memoria de los ovallinos los casos más emblemáticos.

Los casos de Víctor Rojas, María Isabel Campusano y María Angélica Ahumada representaron cuantiosas pérdidas económicas y de imagen para los organismos de salubridad regional, pero una batalla ganada a favor de los derechos de la gente quien ha sufrido de las negligencias del sistema.

Caso Víctor Rojas 

Falleció en febrero de 2009 por una hemorragia. En julio de 2014 la Corte de Apelaciones ordenó la indemnización para la familia (135 millones), tras comprobarse la irregularidad del procedimiento médico al interior del Hospital de Ovalle. El joven  de 19 años  llegó hasta el servicio donde lo derivaron a su domicilio  con un diagnóstico de  faringitis leve.

Caso de Virginia Aguilera 

Falleció  el 17 de junio del 2012 producto de un infarto tras esperar cuatro horas para ser atendida. En agosto de 2016, en un fallo en segunda instancia dictado por la Corte de Apelaciones de La Serena, se confirmó la sentencia apelada, condenando al Servicio de Salud Coquimbo a indemnizar por daño moral a los hijos de la víctima con un monto de 50 millones en total. El Tribunal de Alzada, estimó una falta de servicio en la atención de emergencias del Antonio Tirado Lanas, atribuyéndole una “inadecuada o insuficiente manera de seleccionar a los pacientes en orden de urgencias”.

Caso de Danae Muñoz

En el año 2012, el parto de la pequeña estuvo programado el 28 de septiembre, sin embargo, se aplazó para el 5 de octubre (41 semanas de gestación). Un día antes de lo establecido su madre Karina Pérez, comenzó a sentirse mal por el trabajo de parto. Tras un examen se confirmó que la bebé estaba con una asfixia por lo que se le practicó una cesárea de urgencia. La pequeña recibió una tardía atención lo cual derivó en daños neurológicos y discapacidad física irreversibles con los cuales debe convivir hasta el día de hoy. El 17 de marzo de 2017, la Corte de Apelaciones de La Serena condenó al Servicio de Salud de Coquimbo a pagar una indemnización por daño moral a los padres (120 millones para Danae y 80 para los padres)

Caso María Angélica Ahumada

El 12 de enero de 2014 la madre de 50 años llegó hasta el recinto local por un fuerte dolor de estómago. Se le habría dicho que  tenía una gastroenteritis aguda y se le inyectó un medicamento que causó su muerte.  El elemento  suministrado por el estudiante en práctica aceleró el pre infarto que tenía Ahumada,  y sumado a lo anterior, era contraindicado para personas con hipertensión, condición que padecía. El 3 de abril de 2017  el Tercer Juzgado de Letras de La Serena confirmó en primera instancia la sentencia que obligó al nosocomio local a indemnizar a la hija de la víctima y a su pareja la suma de 50 y 20 millones de pesos respectivamente.

María Alejandra Wuillans

En junio de 2016 la Corte de Apelaciones ordenó el pago de 160 millones de pesos por parte del Servicio de Salud Coquimbo a la hermana de María Alejandra Wuillans Valdivia, quien falleció por la falta de servicio en parto, en el hospital local. Los hechos se registraron el 29 de septiembre del año 2008 cuando la punitaquina ingresó al centro asistencial con un embarazo de término de 41 semanas. En el hospital, en momentos que se encontraba sin vigilancia médica, sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó a practicarle una cesárea de emergencia, procedimiento que dejó a la paciente en estado vegetativo, falleciendo en febrero de 2009.

Fernanda Castillo y Matías Muñoz

El 14 de febrero de 2009, tanto la madre como el hijo sufrieron complicaciones durante el parto. En enero de 2015 la Corte de Apelaciones de la Serena sentenció al pago de 200 millones por la muerte de Castillo, quien tras aplicársele anestesia resultó con problemas que derivaron  en un paro cardiorrespiratorio y luego en una falla multiorgánica que acabó con su vida dos días después de dar a luz. En tanto, esta semana en primera instancia el Segundo Juzgado de Letras de La Serena condenó al Servicio de Salud de Coquimbo  a pagar una indemnización (200 millones) a Matías, confirmando así que como consecuencia de una cesárea tardía, el menor había nacido con daño neurológico.

Caso de Paulina Cortés 

En octubre de 2016, la resolución en primera instancia dictada por Tercer Juzgado de Letras de La Serena, aseguró que la actuación tardía e inoportuna del Servicio de Salud de Coquimbo, a través del Hospital de Ovalle, causó la muerte de la hija de Cortés en marzo de 2013. La cesaría habría sido tardía. Se ordenó una indemnización de 50 millones por concepto de daño moral.

Caso María Isabel Campusano

En el año 2014 Campusano fue atendida tras un diagnóstico de artritis denominado gota, en donde se le aplicó un tratamiento de tres meses. A pocos días de iniciarlo, comenzó a sentir molestias en la piel y escozor en el cuerpo. En junio de ese año fue al Servicio de Urgencias al menos 7 veces, se le diagnosticó una alergia. Falleció producto de una necrólisis epidérmica tóxica. En abril de 2017 se ordenó el pago de una indemnización (80) millones a la familia por daño moral.

 

Contenido relacionado

- {{similar.created}}

No hay contenido relacionado

Cargando ...
X