Desde los 13 años que María Olivares trabaja como asesora del hogar. A lo largo de los años ha visto la evolución que ha tenido el rubro, pero señala que durante la pandemia se han visibilizado las grandes falencias que existen para las trabajadoras de casas particulares en materia de protección laboral.
“Yo trabaja con contrato de lunes a sábado. Al ver que he trabajado toda mi vida, decidí hacerlo solo unos días a la semana; trabajaba dos con un matrimonio y uno en otra casa, con eso me hacía mi sueldo y me alcanzaba para mis gastos. Ahora en marzo, ya no me llamaron más y dejé trabajar. Ahí me di cuenta lo importante que era el trabajo con contrato, porque hoy no tengo derecho a nada”, declara la trabajadora.
Como María, existe un gran número de trabajadoras de casas particulares que se encuentran en la misma situación durante la emergencia sanitaria, en donde este jueves, se agudiza la complejidad mediante la cuarentena obligatoria decretada para la conurbación.
El seremi del Trabajo y Previsión Social, Matías Villalobos, indicó que mediante este rubro existen dos opciones para las trabajadoras que mantengan un contrato. “Si se trata de trabajadoras de casa particular que laboran puertas adentro, ellas van a poder decidir si es que se quedan durante esta cuarentena en sus lugares de trabajo o bien, pasan a ser la cuarentena en sus propios hogares”. Respecto a las trabajadoras de casas particulares que están puertas afueras, “ellas al no estar dentro de los servicios esenciales, no pueden ir a su lugar de trabajo, tiene prohibición, por lo tanto en esos casos se podrían a acoger a la ley de protección del empleo por acto de autoridad”.
Según las Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular a nivel nacional, sólo el 56% de las empleadas trabajan de manera formal, lo que las deja en una posición aún más compleja.
Pero ¿qué pasa con aquellas asesoras del hogar que no cuentan con contrato?, según Juana Collao, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de La Serena (SINTRACAP) y tesorera de la Federación Nacional, señaló que la situación para ambas modalidades, en la actualidad es la misma realidad. “Tengo muchas compañeras que fueron despedidas por la pandemia teniendo contrato y algunas de ellas en la informalidad también (…) Hay otras que tuvieron que aceptar acuerdos poco convenientes para conservar el trabajo y obtener el permiso de circulación por la cuarentena”, sostiene la dirigente.
NO EXISTE EL SEGURO DE CESANTÍA
A su vez, Collao enfatiza que hay una desprotección del rubro frente a las políticas laborales. “Nosotras recibimos un 4,11 % a Todo Evento, porque nosotras no tenemos un Seguro de Cesantía y es muy poco el dinero que recibimos. Por ejemplo, una compañera que ha trabajado un año, son 130 mil pesos que tiene en sus ahorros, otra persona que trabajó 25 años, recibió 4 millones de pesos, una gran diferencia si hubiera tenido un Seguro de Cesantía”, sostiene.
En el mes de abril, se conformó una Coordinadora de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular, la cual acusó discriminación tras estar excluidas del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), mecanismo que permite contar con dinero en caso de que se les suspenda la relación laboral en medio de la pandemia.
A través de este complejo escenario, la dirigente sostuvo que desde el inicio de la crisis sanitaria se ha trabajado en una mesa junto el Ministerio del Trabajo para resolver las problemáticas de las trabajadoras de casas particulares. “Eso es lo que estamos luchando ahora, por tener un seguro de Cesantía, un ingreso mínimo de parte del estado”, asegura Collao.
PETITORIO
Dentro las solicitudes que surgieron tras la pandemia por el Coronavirus, las organizaciones de trabajadoras de casas particulares, emitieron un petitorio de cinco puntos, como: La incorporación inmediata de las trabajadoras de casa particular al Fondo Solidario de Cesantía para “acceder en igualdad” a las medidas implementadas por el Gobierno; Implementación de Renta Básica de Emergencia Digna; Urgencia a moción parlamentaria que impide el término de contrato en casos de emergencia sanitaria; Fondos especiales y frescos que permitan una verdadera fiscalización de parte de la Inspección del Trabajo para obligar a empleadores a suscribir un contrato de trabajo y por último, terminar con estatus especial e igualar los derechos laborales con el resto de trabajadores del país.
