• Para el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, el foco de su gestión debe estar puesto en regularizar terrenos ocupados ilegalmente y facilitar la entrega de espacios para la construcción de viviendas sociales. (FOTO: CHRISTIAN ARMAZA)
Durante su breve visita a Ovalle para entregar en comodato los terrenos del aeródromo Tuquí al Club Aéreo de la capital limarina, el titular de la cartera aprovechó de destacar las tareas que se realizan bajo su gestión, poniendo un fuerte énfasis en la entrega de terrenos para la construcción de viviendas sociales y la regularización de tierras.

Fue una visita breve a la comuna de Ovalle; apenas poco más de una hora. Sin embargo, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, desarrolló una intensa agenda en la región, en donde la capital limarina fue justamente una de sus detenciones.

¿El motivo? Oficializar la entrega en comodato de los terrenos del aeródromo Tuquí al Club Aéreo de Ovalle, con el fin de que esta agrupación, pueda llevar a cabo con seguridad durante los próximos años, todas las obras que sean necesarias para continuar prestando servicio a la comuna y a la provincia del Limarí, tanto en situaciones de emergencia como de apoyo en catástrofes naturales.

No obstante, pese al corto tiempo que el secretario de Estado pasó en Ovalle, de todas formas se dio un espacio para destacar los puntos clave de su gestión, en donde la entrega de terrenos para la construcción de viviendas sociales para los sectores más vulnerables de la población y la lucha frontal contra los llamados “loteos brujos” o irregulares, forman parte de la columna vertebral de sus objetivos.

Sobre el primer punto, el titular de Bienes Nacionales señaló que el ministerio está trabajando en un proyecto denominado “Chile Propietario” en donde “estamos regularizando muchos títulos de domino, pues hay muchas personas que se encuentran utilizando el territorio en forma irregular, y nuestro ministerio tiene esa función: poder regularizar el bien raíz, porque cuando uno le entrega un título de dominio a una persona o a una familia, les cambia la vida”.

Ward afirma que a pedido de los propios parlamentarios de la zona como de autoridades locales, se siga trabajando en esa línea, tratando de regularizar el máximo de títulos de dominio posible, con el fin de disminuir la cantidad de gente que ocupa terrenos de propiedad fiscal de forma irregular.

“Le declaramos la guerra a los loteos irregulares, les vamos a poner una lápida, vamos a tener tolerancia cero con esa situación, porque afectan a las municipalidades y afectan la calidad de vida de las personas” afirmó el ministro, agregando que éstos “son emplazamientos donde no hay alcantarillado, luz, agua, accesos a caminos, y obviamente, están ilegales y por eso, sancionados por la ley. Incluso se contempla una pena que puede llegar hasta 10 años de cárcel por esa situación” comenta.

VIVIENDAS SOCIALES Y COMUNIDADES AGRICOLAS

Cabe recordar que durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, una de las críticas que debieron enfrentar las autoridades regionales de la época fue respecto a que en Ovalle, si bien centenares de familias de la provincia fueron beneficiadas con subsidios para la construcción de sus viviendas sociales, éstas no contaban con los terrenos asignados.

En ese sentido, el ministro de Bienes Nacionales ratificó que en la zona, su cartera dispone “de muchos terrenos” que pueden ponerse a disposición del Ministerio de Vivienda “principalmente a través de transferencias gratuitas”.

“Si bien eso hay que analizarlo caso a caso, hemos conversado con el Presidente de la República, y con el ministro de Vivienda de que el territorio está a disposición de ellos, y si hay buenos proyectos inmobiliarios, aquí estamos” afirmó.

Por otro lado, el ministro Ward valoró la reunión que sostuvo horas antes de su venida a Ovalle con representantes de las comunidades agrícolas de la zona, en donde los pequeños agricultores pudieron plantearle sus preocupaciones y especialmente, solicitar la participación de los propios comuneros en posibles reformas al DFL-5, ley que desde 1968, regula las comunidades agrícolas existentes en el país.

“Lo que hemos planteado como gobierno es que estos cambios no se pueden hacer desde Santiago, sino que se deben hacer con las comunidades. Efectivamente, hay temas que requieren revisión, que requieren algún cambio al decreto, y estamos totalmente disponibles para hacerlo. Así lo hemos planteado a los parlamentarios, al gobernador y a la intendenta Lucía Pinto. Estamos totalmente dispuestos a seguir participando en esa mesa de trabajo” concluyó

 

 

 

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